La Procuraduría General de la Nación a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia hace Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, en cumplimiento de la función preventiva asignada constitucionalmente, especialmente, en lo relacionado con la protección de los derechos humanos y el asegurar su efectividad (numeral 2, artículo 277 de la Constitución). Esta Vigilancia se desarrolla en el marco del proceso de rendición pública de cuentas territorial, que se ha realizado en dos ocasiones -años 2011 y 2015-, destacando que se trata de “una oportunidad para explicar, argumentar y hacer un balance de avances, dificultades y retos sobre las competencias y compromisos de la administración pública” frente a la garantía de los derechos de la población menor de 29 años.

La Rendición de Cuentas a la Ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración Pública de informar explicar y responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por sus acciones, los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado (1). Y es un derecho de los ciudadanos que se ejerce en un espacio de diálogo constructivo con la administración pública. (2).

El proceso de Rendición de Cuentas es orientado por la Estrategia Hechos y Derechos, alianza estratégica liderada desde el año 2004 por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, El Sistema Nacional de Juventud- Colombia Joven, la Federación Nacional de Departamentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF, que busca la inclusión de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en la gestión pública nacional y territorial. Gracias al rol específico de cada uno de los integrantes, la Estrategia Hechos y Derechos se constituye en una plataforma dinámica para la acción coordinada de las entidades del orden nacional y de los gobernantes en el ámbito territorial.

Con el objeto de evidenciar la armonía e integralidad existente entre la Vigilancia Superior y el proceso de Rendición Pública de Cuentas, el aplicativo desde este módulo permite a la autoridad territorial, primero, dar cuenta de lo ocurrido en su territorio en cada una de las fases de la Rendición de Cuentas y segundo en el módulo de Vigilancia Superior, dar cuenta de lo ocurrido en el cumplimiento de sus competencias como autoridad territorial, durante el periodo 2016 – 2019 en cuanto la garantía de derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.

Es así como en el recorrido del actual módulo encontrará las siguientes fases:

• Fase No. 1: Sensibilización y alistamiento
• Fase No. 2: Generación y análisis de la información
  En este componente no se incluye lo referido al análisis que hace cada entidad territorial sobre la gestión realizada para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, por cuanto ello se define en el módulo III del aplicativo.
• Fase No. 3: Encuentros estratégicos de diálogo y audiencias públicas
• Fase No. 4: Sostenibilidad y evaluación